Paradojas libertarias

Por Profesora María Fernanda Otero

Hace unos días, el vocero Manuel Adorni comunicó que enviarán un proyecto para modificar los artículos 11 y 126 de la actual Ley Nacional de Educación para “penar el adoctrinamiento” y que a su vez, implementarán un canal para que “padres y alumnos puedan denunciar el adoctrinamiento y la actividad política que no respete la libertad de expresión”. Para denunciar “cuando sientan que no se esté respetando su derecho a educarse”.

Aunque me considero opositora a este gobierno de Javier Milei, no puedo de dejar de coincidir con esta propuesta. Me parece sumamente interesante que se de participación a padres y estudiantes. De hecho, en los mencionados artículos 11 y 126 que pretenden modificar,  y en el espíritu de la ley, esto ya está vigente. 

En primer lugar, porque pone en práctica el principio del sistema de protección integral de los derechos de NNyA del “deber de ser oídos” que es lo que hacemos en las Escuelas cotidianamente. Los niños, niñas y adolescentes son sujetos de derecho y esto se refleja en todo el plexo normativo que se encuentra en la Ley Nacional de Educación.  

En segundo lugar, el vocero reconoce en sus palabras la importancia de la actividad política en las Escuelas. Desde su creación, la Escuela ha sido un instrumento de formación de las nuevas generaciones con un sentido netamente político y a su vez, al interior de las instituciones, se constituyen comunidades de convivencia y socialización, es decir, comunidades políticas. Allí se discute, se hace memoria, se proyecta el futuro, se alivian penares, se sueña en colectivo y se tejen redes afectivas y efectivas que contienen a los que están en los márgenes. 

En tercer lugar, acuerdo con esta propuesta, porque si desde el Estado Nacional se ha de escuchar a padres y estudiantes, seguramente los mismos bregarán por mejores condiciones edilicias, por mejores salarios docentes que garanticen profesionalidad y calidad educativa y por el cumplimiento en la obligatoriedad de la educación. Seguramente pedirán los pibes tener ESI y formar Centros de Estudiantes, formación para el trabajo y tantas demandas que quienes habitamos las aulas sabemos que tienen. Es interesante que esos pedidos lleguen al Gobierno Nacional y que escuche verdaderamente a los actores del territorio y no sólo a sus seguidores en redes. 

Llegado este punto, me pregunto ¿por qué el gobierno querrá modificar esos artículos? Si de la lectura de los mismos se desprende fácilmente que es lo que plantean: es decir, una educación libre y participativa. No se requeriría una modificación. La verdad, no lo entiendo. Además, si la intención es una educación libre y participativa como dice el vocero, no entiendo por qué las decisiones gubernamentales van en sentido contrario. 

Si se pretende cerrar el CONICET y acorralar a las universidades públicas, ¿puede haber un pensamiento plural sin desarrollo de la ciencia y el acceso a la educación superior de vastos sectores de la sociedad?  

Si se duplica el subsidio a las escuelas privadas vía “Boucher para las familias” donde estudian en promedio el 30% de nuestros alumnos y se desfinancia el Plan 25 que garantizaba más horas de clase en escuelas públicas donde se incluye al 70% de la población estudiantil, ¿cómo se sostiene esa comunidad de todos? ¿Eso no es equilibrar la balanza para un solo lado, dejando lo común y reemplazándolo por un grupito? Eso va en contra de una educación “política” en sentido amplio de la palabra, porque lo político es “lo común”, lo de todos. 

Si la propuesta es garantizar “la libertad de expresión” en las Escuelas, ¿cómo se explica que se reprima la disidencia política en las calles? De verdad que no lo entiendo. 

Y para finalizar, humildemente, creo que esa propuesta debería tener al menos el consenso que tuvieron esos artículos cuando se sancionaron. Recuerdo que fue una iniciativa que acompañaron todas las fuerzas políticas. Por eso me parece paradójica esta decisión. No se condice con el marco ideológico del gobierno actual. Porque la propuesta que ha manifestado revalorizaría la actividad política, escucharía todas las voces y privilegiaría lo público por lo privado. No veo que ninguna de estas cosas las propugne su gobierno. Entonces, me sigo preguntando, ¿no será que su propuesta esconde la imposición de su propia ideología? ¿Será que cual caballo de Troya, pretenden enmascarar por cosa buena y deseable una especie de Gestapo, de policía del pensamiento? Eso sí sería coherente con su gobierno que pretende aplastar a todo aquel que piense diferente. 

Disculpen que no siga escribiendo. Dejo aquí no porque resigne la discusión democrática, pero como es domingo, tengo que ir a planificar mis clases; los docentes trabajamos los fines de semana corrigiendo, planificando y pensando en didácticas renovadas, que contemplen a los estudiantes como sujetos de derecho. Mañana los grupos de alumnos me esperan para seguir discutiendo, aprendiendo, generando preguntas que nos hagan cada vez más libres y comprometidos con lo común.